La atmósfera que rodea las actuales elecciones presidenciales chilenas es un eco distante de la que dominó el ciclo electoral anterior. Hace pocos años, el país se encontraba imbuido en una ola de optimismo de izquierda y la promesa de un cambio estructural simbolizado por el proceso de redacción de una nueva Constitución.

Hoy, sin embargo, el foco se ha desplazado drásticamente, y los chilenos acuden a las urnas consumidos por una triada de temores que impactan directamente en la economía y la estabilidad social. El factor dominante en el actual panorama político es el miedo al crimen, la inmigración descontrolada y el arraigo de bandas organizadas.

Este vuelco en las preocupaciones ciudadanas tiene profundas implicaciones económicas. La sensación de inseguridad no es solo un problema de orden público; es un desincentivo directo a la inversión, al consumo y al crecimiento.

Los pequeños y medianos empresarios, por ejemplo, enfrentan costos crecientes en seguridad privada y primas de seguros más altas. El capital extranjero, que valora la estabilidad jurídica y social, percibe ahora un riesgo país significativamente mayor que en el pasado reciente.

Este cambio de prioridades también explica la erosión del discurso económico de izquierda radical y la atenuación de las esperanzas de transformaciones profundas. La ciudadanía ha pasado de exigir una redistribución de la riqueza a exigir la protección de la riqueza y el patrimonio que ya poseen.

El alto coste social y económico de la inseguridad y la migración no regulada ha desviado la atención de los grandes planes de futuro y la ha centrado en la necesidad urgente de recuperar la paz social, un requisito fundamental para que cualquier agenda económica, sea liberal o progresista, pueda prosperar.