La Unión Europea quiere que la cumbre climática COP30, que se celebrará en Brasil en noviembre, sirva para impulsar los sistemas que gravan las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, corregir las brechas entre los objetivos climáticos y los recortes reales de dióxido de carbono.

En un contexto de presión por acelerar la descarbonización, Bruselas apuesta por hacer del progreso ambiental una palanca de competitividad y cooperación internacional.

La Unión Europea se presenta como pionera en materia de regulación climática. Desde hace dos décadas opera el sistema europeo de comercio de emisiones, conocido como ETS, que obliga a unas 11.000 industrias a comprar derechos de emisión de CO2.

Este taller regulatorio ha logrado convertir la reducción de emisiones en un fenómeno gradual para el sector industrial: cuanto más baja es la contaminación, menos derechos deben adquirir. Actualmente, el precio de la tonelada de CO2 se sitúa alrededor de 78 euros, un valor que, según analistas, actúa como incentivo claro para invertir en tecnologías limpias y eficiencia energética.

El ETS ha sido la columna vertebral de la política climática europea, pero la Unión Europea no pretende detenerse allí. Entre sus planes figura la expansión del sistema a nuevos ámbitos, como edificios y transporte rodado, ampliando la cobertura para incluir sectores que representan una parte considerable de las emisiones totales.

La implementación de un mayor gravamen a las emisiones de CO2 tiene efectos duales. Por un lado, eleva el costo de actividades intensivas en carbono, incentivando a empresas a invertir en tecnologías limpias y a migrar hacia procesos más eficientes.

La cumbre de noviembre podría reforzar la lógica de que la lucha climática y la salud de la economía no son rivales, sino fuerzas complementarias. El resultado macroeconómico dependerá de la capacidad de la UE para afinar su ETS y convertir la lucha contra el CO2 en una oportunidad de inversión y empleo.