Chile se encamina a unas elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán en un ambiente de profunda tensión social y política. Estos comicios están marcados por una fuerte polarización que enfrenta directamente a los extremos del espectro político: una extrema derecha ascendente y el oficialismo, cuyo liderazgo incluye figuras de alto perfil de la izquierda comunista. Esta coyuntura política ha inyectado una gran dosis de incertidumbre en los mercados y en las proyecciones económicas del país.

La polarización política es, en sí misma, un factor de riesgo económico. Las plataformas de los candidatos en los extremos difieren radicalmente en temas cruciales como la política fiscal, la inversión extranjera, la reforma a las pensiones y la regulación minera. La incertidumbre sobre qué programa prevalecerá es lo que alarma a los inversores y frena decisiones de inversión a largo plazo, impactando directamente en la creación de empleo y el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Añadiendo una capa de complejidad a la contienda, estas elecciones se desarrollan bajo un contexto inédito: por primera vez, el voto será totalmente obligatorio. La ley promulgada en 2022 estipula multas para quienes se ausenten de la votación, un cambio radical respecto al sistema anterior, donde el sufragio solo era mandatorio para quienes se habían inscrito antes de cierto plazo.

La inclusión de votantes apáticos o descontentos podría alterar significativamente la composición del electorado y, por ende, el resultado final, el cual, en un escenario de polarización, es vital para definir el rumbo económico de la nación en los próximos cuatro años.