La firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 fue proyectada como el catalizador definitivo para la estabilidad y el desarrollo rural en Colombia. Sin embargo, una década después, las cifras presentadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU revelan una grieta profunda en la seguridad del capital social del país: un total de 972 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde la implementación de los acuerdos.

Los defensores de derechos humanos no solo representan activismo político; son piezas fundamentales en la gobernanza local y el desarrollo comunitario. La pérdida de casi un millar de líderes es, en esencia, la destrucción sistemática del tejido organizativo necesario para que las inversiones en el sector agrario y los proyectos de sustitución de cultivos sean viables.

El informe de la ONU pone de manifiesto que la violencia se concentra en zonas donde la ausencia estatal es histórica. Para un periodista de economía, esto se traduce en «costos de oportunidad» perdidos: territorios con un potencial agrícola o minero inmenso que permanecen estancados porque la inseguridad impide la entrada de empresas formales y el acceso al crédito para pequeños productores.

La paradoja es clara: mientras los indicadores macroeconómicos de Colombia en Bogotá muestran resiliencia, la microeconomía de las periferias sufre una hemorragia de talento y liderazgo. La muerte de 972 defensores es también la muerte de cientos de proyectos de emprendimiento social y cooperativismo que buscaban integrar a las víctimas del conflicto en la vida productiva nacional.

La ONU advierte que, sin garantías para quienes defienden la vida y el territorio, la paz de 2016 corre el riesgo de ser recordada como una oportunidad de oro que se diluyó entre la violencia y la falta de integración económica real de las regiones más olvidadas del país.