El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró  «horrorizado» por la escalada de violencia ejercida por las fuerzas de seguridad de la República Islámica contra manifestantes pacíficos. Según los informes más recientes del organismo, «cientos de personas» han perdido la vida en las últimas dos semanas, en lo que ya se considera la mayor crisis social del país desde el estallido de 2022.

Las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, fueron detonadas por el colapso abrupto del rial, que alcanzó una cotización histórica de 1,45 millones por dólar, y una inflación que roza el 60% en productos básicos. Lo que inició como una huelga de comerciantes agobiados por la pérdida de poder adquisitivo se ha transformado en un desafío sistémico que ha paralizado los principales núcleos comerciales de 186 ciudades.

Organizaciones de derechos humanos, incluyendo grupos independientes que monitorean la región, elevan la cifra de fallecidos a más de 538 personas. Este escenario de ingobernabilidad incrementa las posibilidades de un colapso total en la cadena de suministros interna y una fuga de capitales sin precedentes hacia mercados regionales más estables.

La amenaza de nuevas sanciones por parte de la Unión Europea y el tono agresivo de la administración de Donald Trump, quien ha sugerido una intervención mediante el despliegue de tecnología satelital para romper el bloqueo de internet impuesto por Teherán, sitúan a Irán en una posición de paria financiero.