El gigante de la defensa estadounidense, Lockheed Martin, confirmó oficialmente que el Perú ha adquirido una flota de 12 aviones de combate F-16. El anuncio llega tras la liquidación de una primera cuota por un monto de 462 millones de dólares, un desembolso que asegura el inicio del proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú.

La compra representa una de las inversiones en bienes de capital más significativas del Estado peruano en la última década. El objetivo técnico es sustituir una flota obsoleta por plataformas de cuarta generación, garantizando la interoperabilidad con estándares internacionales. No obstante, la magnitud del pago inicial ha puesto la lupa de los analistas sobre la gestión de la caja fiscal y el cumplimiento de las metas de déficit para el presente ejercicio.

Lo más llamativo de esta transacción no es solo su volumen financiero, sino el complejo contexto político en el que se ha materializado. La operación se concretó a pesar de la resistencia pública del presidente interino, José María Balcázar.

El mandatario había solicitado formalmente postergar la adquisición hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, prevista para el mes de julio, argumentando que una decisión de tal calado comprometía el margen de maniobra económica de su sucesor.

La operación es una señal mixta. Por un lado, la capacidad de desembolsar casi 500 millones de dólares al contado demuestra una posición de reservas sólida; por otro, el «ruido político» entre el Presidente y la estructura administrativa de defensa sugiere una falta de coordinación que podría inquietar a las agencias de calificación crediticia.

Con la confirmación de Lockheed Martin, Perú entra formalmente en el exclusivo club de usuarios de F-16 en el Cono Sur. La seguridad nacional ha ganado esta partida, pero el costo de oportunidad fiscal será el tema central en la agenda del próximo ministro de Economía.