Las tensiones comerciales en el hemisferio occidental han alcanzado su punto más álgido en lo que va de 2026, amenazando con fracturar las cadenas de suministro regionales y reconfigurar los flujos de inversión entre las dos mayores economías de América.

El Gobierno de Donald Trump propuso formalmente la imposición de un nuevo arancel del 25% sobre una extensa y variada lista de importaciones procedentes de Brasil. La Casa Blanca justificó la drástica medida tras emitir un dictamen oficial en el que considera que una amplia gama de políticas fiscales, regulatorias y ambientales del gigante sudamericano constituyen prácticas comerciales desleales que perjudican directamente a las corporaciones y a los trabajadores estadounidenses.

Washington ha invocado la legislación comercial de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la misma herramienta legal de alto impacto que la administración estadounidense utilizó en el pasado para desatar la guerra comercial contra Pekín.

El dossier punitivo incluye represalias específicas contra las regulaciones brasileñas en materia de servicios de pago electrónico, la supuesta falta de protección de los derechos de propiedad intelectual, las barreras al acceso al codiciado mercado del etanol y las distorsiones derivadas de los aranceles preferenciales que Brasil aplica dentro de sus bloques regionales aliados.

La Casa Blanca ha vinculado de forma directa la seguridad económica con el cumplimiento ambiental, señalando a la deforestación ilegal en la cuenca amazónica y al comercio digital no regulado como subsidios encubiertos que abaratan artificialmente los costos de producción de las materias primas y las manufacturas brasileñas.

Estados Unidos se mantiene como el segundo socio comercial más importante de Brasil y el principal destino para sus exportaciones de mayor valor agregado, como las manufacturas siderúrgicas, los aviones de Embraer y los componentes de maquinaria pesada.

Un gravamen generalizado del 25% restaría competitividad de forma inmediata a los productos brasileños en los puertos estadounidenses, erosionando los márgenes de beneficio corporativos y amenazando con desacelerar el crecimiento del Producto Interno Bruto brasileño en un momento de frágil equilibrio fiscal doméstico.

Brasil, líder indiscutible en la producción de etanol a base de caña de azúcar, mantiene una larga disputa con los productores de maíz del medio oeste estadounidense. Al restringir el acceso del etanol brasileño y penalizar a sus plataformas de servicios de pago electrónico, Washington busca forzar al gobierno de Brasilia a desmantelar sus propias barreras a la importación y a ceder terreno en las mesas de negociación internacional.

El uso de la Sección 301 contra un socio histórico de la región demuestra que la Casa Blanca está dispuesta a utilizar todo su arsenal de presión macroeconómica para imponer concesiones bilaterales, sin importar el origen geográfico del competidor.