La economía de Irán enfrenta un doble riesgo: hiperinflación y recesión severa en simultáneo, una combinación que podría agudizar la desigualdad y erosionar la confianza de consumidores y empresas.

Este escenario se agrava por el restablecimiento reciente de las sanciones de la ONU, que limitan el acceso a financiamiento internacional, restringen la importación de bienes clave y elevan la incertidumbre para inversiones externas.

Los gobernantes clericales se encuentran en una encrucijada: preservar la estabilidad social y mantener la gobernabilidad, al mismo tiempo que gestionan un complicado equilibrio entre ingresos fiscales, subsidios y gasto público limitado por un marco externo y por políticas internas que priorizan el control de precios y la contención de la demanda.

El alza de precios y la depreciación de la moneda han erosionado el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los segmentos de bajos ingresos, donde las necesidades básicas ya estaban sometidas a presión.

La prioridad es evitar un deterioro abrupto de la estabilidad macroeconómica sin perder de vista la sostenibilidad fiscal. Las políticas deben equilibrar el sostén a los hogares con la necesidad de reformas estructurales que mejoren la productividad y reduzcan la dependencia de subsidios que, bajo un contexto de sanciones, resultan cada vez más costosos.

El diseño de políticas podría contemplar medidas temporales para amortiguar impactos sobre precios de alimentos y energía, junto con esfuerzos para mejorar la eficiencia del gasto y priorizar inversiones en infraestructura y productividad.