Los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica han sellado un acuerdo que formaliza la externalización de las fronteras norteamericanas. La firma, realizada en San José por Kristi Noem, enviada especial de Washington para la alianza de seguridad en América Latina, estipula que Estados Unidos podrá deportar a suelo costarricense a un promedio de 25 migrantes de terceros países por semana.

Este pacto no es solo un asunto de política exterior; representa un complejo desafío logístico y económico para la nación centroamericana. Bajo esta nueva directriz, Costa Rica se convierte en un nodo receptor de flujos migratorios que no se originaron en su territorio, una estrategia que Washington impulsa para descongestionar sus propios centros de detención y disuadir el tránsito irregular hacia el norte.

Las críticas de los organismos de derechos humanos no se hicieron esperar entonces y se reactivan ahora con mayor fuerza. En aquel episodio, los migrantes permanecieron encerrados durante varios meses en un albergue remoto ubicado en la frontera con Panamá, bajo condiciones que fueron calificadas de precarias y aisladas.

El costo operativo de mantener centros de esta naturaleza, sumado a la presión sobre los servicios básicos locales, plantea interrogantes sobre la contraprestación económica que recibirá San José a cambio de este servicio de «albergue transitorio».

La gestión de crisis migratorias puede afectar la percepción de riesgo país. Si bien la alianza con Washington fortalece los lazos de seguridad, la saturación de los sistemas de acogida y las posibles sanciones o informes negativos de organismos internacionales podrían empañar la imagen de Costa Rica como refugio de estabilidad.

El flujo de 25 personas semanales puede parecer manejable en el papel, pero la acumulación mensual y la falta de una ruta de salida clara para estos ciudadanos de terceros países amenazan con convertir los albergues fronterizos en embudos permanentes.