La paciencia suele ser una virtud, pero para Ryan Lance, director ejecutivo de ConocoPhillips, la paciencia tiene un precio exacto: aproximadamente 10,000 millones de dólares. Mientras el mercado energético global observa con cautela la posible reapertura del sector petrolero venezolano, la gigante con sede en Houston ha enviado un mensaje inequívoco a los inversores y al gobierno en Caracas: no habrá nuevos taladros ni inversiones frescas hasta que se salden las cuentas del pasado.

La prioridad de Lance no es extraer una sola gota de crudo de los vastos yacimientos de la Faja del Orinoco. Su enfoque estratégico, mantenido con firmeza casi dos décadas después de que sus activos fueran nacionalizados, es la recuperación íntegra de las indemnizaciones adeudadas a la compañía. Para ConocoPhillips, Venezuela no es hoy una oportunidad de producción, sino el mayor caso de recuperación de activos en su balance global.

A pesar de contar con múltiples sentencias favorables de árbitros internacionales, como el CIADI, que responsabilizan a la República Bolivariana por las confiscaciones de 2007, los esfuerzos de la petrolera se han topado con un muro de frustraciones legales y políticas. Los laudos arbitrales, que sumados a los intereses acumulados superan la barrera de los diez mil millones de dólares, representan un pasivo que Venezuela no ha podido o no ha querido liquidar.

La decisión de ConocoPhillips es una lección sobre la seguridad jurídica. Realizar nuevas inversiones en un territorio donde aún no se ha compensado una expropiación previa violaría los principios básicos de gestión de riesgo de la firma. Para la junta directiva de la petrolera, inyectar capital en la nación latinoamericana sin resolver el conflicto previo equivaldría a validar la confiscación original.