El Gobierno de Transición de Perú, liderado por el presidente José Jerí, ha dado un paso decisivo para intentar frenar la sangría económica y social que representan la extorsión y el sicariato. Mediante la aprobación del reglamento de la nueva ley contra estos delitos, el Ejecutivo busca transformar radicalmente la respuesta estatal ante la criminalidad.

El anuncio, formalizado a través de un decreto supremo publicado en un boletín extraordinario de normas legales, no solo tiene implicaciones judiciales, sino también profundas repercusiones en el clima de negocios del país. Según el mandatario, con este reglamento el Estado pasará finalmente «de la defensiva a la ofensiva contra la delincuencia y el crimen organizado», un giro estratégico demandado por gremios empresariales, pequeños comerciantes y transportistas.

La extorsión se ha convertido en un «impuesto sombra» que drena la liquidez del sector productivo peruano. Desde las pequeñas bodegas en los distritos periféricos hasta los grandes proyectos de construcción en el norte del país, el cobro de cupos ha forzado el cierre de miles de emprendimientos. Economistas locales estiman que la inseguridad resta entre 2 y 3 puntos porcentuales al crecimiento anual del Producto Bruto Interno (PBI), debido a los costos adicionales en seguridad privada y la retracción de la inversión privada local.

La nueva norma establece medidas extraordinarias que dotan a la Policía Nacional y al Ministerio Público de herramientas más ágiles para la intervención inmediata. El reglamento detalla protocolos de inteligencia financiera para rastrear el flujo de dinero proveniente de las extorsiones, buscando asfixiar la estructura económica de las bandas criminales que operan dentro y fuera del país.

La implementación de esta ley es una carrera contra el tiempo. La percepción de inseguridad ha afectado el consumo interno y ha generado cautela en el mercado de capitales. Al tipificar y reglamentar de manera más severa el sicariato y la extorsión, se pretende reducir el riesgo operativo para las empresas, lo que teóricamente debería traducirse en una reactivación de sectores estratégicos como el comercio y el transporte.

El Perú se encuentra en una encrucijada donde la seguridad es, hoy más que nunca, una variable económica fundamental. Si el Estado logra recuperar el principio de autoridad, las perspectivas de crecimiento para el segundo semestre de 2026 podrían verse sustancialmente mejoradas, devolviendo al país su atractivo como destino de inversión segura en la región andina.