La tensión política y económica se ha disparado en Westminster tras la última sesión en la Cámara de los Comunes. Lo que no se dijo resonó más fuerte que lo que se dijo: el primer ministro británico, Keir Starmer, se negó explícitamente a descartar una prórroga en la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta.

Esta negativa, lejos de ser un despiste retórico, ha sido interpretada por la City y los analistas como la antesala de una maniobra fiscal inminente en el próximo presupuesto del gobierno laborista.

La estrategia sobre la mesa se conoce técnicamente como «lastre fiscal». Al mantener congelados los umbrales a partir de los cuales se empiezan a pagar impuestos, la inflación y los aumentos salariales nominales empujan a más trabajadores a pagar más tributos sin necesidad de que el gobierno anuncie oficialmente una subida de tipos.

La encargada del Tesoro se encuentra ante una encrucijada monumental: debe tapar un agujero en las finanzas públicas que requiere la recaudación de decenas de miles de millones de libras adicionales.

Reeves se ha comprometido a cumplir con estrictas reglas fiscales diseñadas para mantener la credibilidad del Reino Unido ante los mercados de deuda, evitando así repetir los errores de administraciones pasadas que provocaron volatilidad en los bonos británicos.

La negativa de Starmer ha alimentado la especulación de que el Tesoro ve en la congelación de los umbrales la herramienta «menos dolorosa» políticamente para cuadrar el balance.