Un panel de la Corte Suprema de Brasil ha alcanzado la mayoría necesaria para mantener bajo custodia policial al expresidente Jair Bolsonaro. La decisión anula el beneficio del arresto domiciliario que gozaba el exmandatario y lo coloca nuevamente en una situación de detención preventiva, agitando las aguas políticas y, consecuentemente, los mercados financieros del país.

La orden de detención fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, figura central en los procesos judiciales contra el expresidente. La justificación de la medida, después de más de 100 días de arresto domiciliario, se centra en el potencial riesgo de fuga.

Aunque el expresidente no ocupa actualmente un cargo de poder, su figura sigue siendo el principal aglutinador de la derecha brasileña. Los analistas temen que la detención reavive las tensiones sociales y políticas que se habían apaciguado en los últimos meses, impactando negativamente la prima de riesgo del país.

Una mayor inestabilidad política se traduce casi automáticamente en cautela para los inversores extranjeros. Las decisiones judiciales de esta envergadura suelen provocar movimientos en la tasa de cambio, con el real brasileño susceptible a la depreciación a corto plazo, y un aumento en el costo de los swaps de riesgo crediticio al percibir el mercado un incremento en el riesgo institucional.

La atención del mercado estaba puesta en la consolidación de las cuentas públicas y la aprobación de la agenda de crecimiento económico del actual gobierno. Sin embargo, este nuevo foco en la figura de Bolsonaro y los consecuentes enfrentamientos dialécticos y legales amenazan con desviar la atención de los legisladores y la opinión pública de los temas económicos urgentes.