La inestabilidad política en Perú, tras el abrupto cambio de Gobierno y la salida de Dina Boluarte, ha cobrado su primera y trágica víctima. Una protesta significativa contra el presidente interino José Jerí terminó con la muerte de al menos una persona y decenas de heridos, según reportó la Defensoría del Pueblo.

Este violento episodio en Lima marca la primera gran manifestación ciudadana en contra de la nueva administración, encendiendo las alarmas sobre el futuro inmediato de la economía nacional. Fernando Losada, representante de la Defensoría del Pueblo, confirmó el fallecimiento de un hombre de 32 años.

Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la capital evidencian la profunda polarización y el descontento que subyacen al reciente reajuste político.

La violencia en las calles representa un riesgo directo a la inversión y la estabilidad. Los mercados financieros y los inversores extranjeros interpretan las muertes y los disturbios sociales como una prima de riesgo política inaceptable.

Un escenario de prolongada inestabilidad social podría llevar a una fuga de capitales y a una postergación de proyectos de inversión esenciales. La incertidumbre política se traduce directamente en incertidumbre económica, lo que dificulta la planificación empresarial, reduce la confianza del consumidor y, en última instancia, frena el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Además del impacto en el sector privado, el Gobierno de Jerí enfrentará un costo fiscal creciente si la crisis social se intensifica. El despliegue de fuerzas de seguridad, la reparación de daños a la infraestructura pública y el impacto en la recaudación de impuestos debido a la interrupción de la actividad comercial representan un drenaje de recursos públicos.