El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha delineado la que será la hoja de ruta de la administración de Donald Trump respecto al futuro de Venezuela. Sus recientes declaraciones no solo envían un mensaje directo al Palacio de Miraflores, sino que establecen un límite claro a las ambiciones de Pekín en el hemisferio occidental.

Según Wright, aunque existe un margen para equilibrar los roles de ambas potencias en suelo venezolano, Washington no tolerará que China ejerza un «control importante» sobre el país latinoamericano. La postura de Wright refleja una delicada danza entre el pragmatismo comercial y la seguridad estratégica.

Estados Unidos reconoce que Venezuela, poseedora de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, requiere de una arquitectura de inversión multilateral para recuperar su mermada capacidad productiva. En este sentido, permitir el flujo comercial y la participación de diversos actores globales —incluida China— es visto como un mal necesario para estabilizar el suministro energético y fomentar una reconstrucción rentable.

Sin embargo, para el Departamento de Energía, la prioridad es evitar que la deuda venezolana con el gigante asiático se convierta en una palanca de control soberano. Esta declaración marca el retorno definitivo de una política exterior basada en zonas de influencia. Tras años de sanciones que alejaron a las petroleras occidentales, China y Rusia llenaron el vacío, convirtiéndose en los principales acreedores y socios operativos de PDVSA. Ahora, Washington busca revertir esa tendencia mediante una «coexistencia vigilada».

La estrategia de Wright plantea un escenario donde China pueda recuperar parte de sus inversiones o continuar con la compra de crudo, pero bajo un marco que garantice la primacía de las empresas estadounidenses y el control financiero de los flujos de capital derivados de la exportación. Este «equilibrio» busca evitar que Venezuela se convierta en un enclave estratégico chino a escasos kilómetros de las costas de Florida.

El éxito de esta política dependerá de la capacidad de Washington para incentivar el retorno de capital privado sin desencadenar un conflicto diplomático mayor con su principal competidor global. La administración estadounidense parece estar dispuesta a permitir que China sea un socio comercial en Venezuela, siempre y cuando acepte un papel secundario en la toma de decisiones políticas y estructurales del país.