Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, una batalla que, a juzgar por los indicadores de incidencia delictiva y la percepción de inseguridad en ciudades intermedias, parece lejos de resolverse.

En este contexto, el presidente Daniel Noboa ha elevado el tono político al plantear un referéndum para eliminar la prohibición constitucional de establecer bases o instalaciones militares extranjeras en el país de forma permanente.

La iniciativa apunta, explícitamente, a posibilitar la llegada de tropas estadounidenses a la isla Galápagos para apoyar las labores de contención de los grupos narcos que operan en o cerca del territorio ecuatoriano.

La seguridad es un componente clave de la productividad y la inversión. La persistente violencia y el riesgo asociado a las actividades ilícitas elevan los costos de operación para empresas nacionales y extranjeras, reducen la atracción de inversiones y podrían deteriorar los flujos turísticos, uno de los pilares de la economía ecuatoriana.

Una estrategia de seguridad más contundente, si se concilia con salvaguardias democráticas y marco legal, podría contribuir a la recuperación de confianza de los mercados y a la estabilidad macroeconómica.

Analistas señalan que la efectividad de cualquier medida en seguridad está condicionada a una estrategia integral que combine fortalecimiento institucional, aumento de la eficiencia en la lucha antidroga, reformas judiciales y políticas de desarrollo social que reduzcan la vulnerabilidad de comunidades.

El debate sobre bases militares en Ecuador no debe verse sólo como una cuestión de seguridad, sino como un barómetro de confianza para el conjunto de variables económicas: inversión, turismo, consumo y crecimiento.

El futuro inmediato dependerá de la capacidad de eludir atajos y construir una estrategia integrada que, con o sin referéndum, responda a las necesidades básicas de paz y prosperidad de los ecuatorianos.