El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha sacudido los mercados y las cancillerías de la región: la posibilidad de impulsar una «toma de control amistosa» de Cuba.
Este planteamiento, formulado en un contexto de máxima tensión bilateral, traslada el lenguaje agresivo de las fusiones y adquisiciones corporativas al ámbito de las relaciones entre Estados.
Trump, fiel a su estilo de negociador forjado en el sector inmobiliario, ha justificado esta visión describiendo a la isla caribeña como una nación sumida en serios problemas estructurales, sugiriendo que una intervención bajo la tutela estadounidense sería la solución definitiva a su prolongada crisis económica.
La propuesta de una «toma de control amistosa» implica una reconfiguración total de la economía cubana. El mandatario parece visualizar a Cuba no solo como un vecino ideológicamente opuesto, sino como un activo infravalorado y mal gestionado.
La crisis en Cuba ha dejado de ser un tema meramente político para convertirse en una oportunidad de gestión de activos estratégicos. En el tablero de Trump, las fronteras parecen ser la próxima frontera de los negocios.
