El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha presentado formalmente una propuesta regulatoria para elevar la tarifa aplicable a las solicitudes de visado de trabajo H-1B hasta los 103.265 dólares por petición. El proyecto normativo, que ha sido publicado en el Registro Federal, busca codificar e institucionalizar de manera permanente un recargo financiero que originalmente se estableció mediante una proclamación ejecutiva temporal.

La medida contempla la apertura de un periodo de consulta pública de treinta días antes de que la autoridad gubernamental proceda a la eventual redacción final del reglamento, la cual podría materializarse hacia el cierre del presente ejercicio fiscal.

El programa de visados H-1B constituye el principal mecanismo legal mediante el cual las empresas estadounidenses contratan a profesionales extranjeros altamente cualificados en ocupaciones especializadas, con un volumen anual sujeto a un límite legal de 65.000 visados regulares, complementado por una cuota adicional de 20.000 permisos destinados a graduados con maestrías o doctorados en universidades de Estados Unidos.

Las tarifas gubernamentales asociadas al procesamiento de cada expediente oscillaban entre los 2.000 y los 5.000 dólares por trabajador, según el tamaño de la entidad empleadora. La propuesta de incrementar dicho coste a 103.265 dólares representa un cambio de escala cuantitativo en la estructura de gastos de contratación internacional para el sector privado.

En términos de alcance operativo, la regulación planteada por la administración federal amplía la cobertura del gravamen a todas las solicitudes sujetas al cupo anual. Esto incluye tanto a los candidatos que aplican desde el extranjero como a los estudiantes internacionales que residen en territorio estadounidense con visados académicos y buscan cambiar su estatus migratorio hacia la categoría laboral.

Las proyecciones técnicas elaboradas por el Departamento de Seguridad Nacional, el cobro de esta tarifa generaría una recaudación aproximada de 8.780 millones de dólares anuales para las arcas públicas, considerando la colocación completa de la cuota legal de 85.000 visados.

A nivel sectorial, la medida incide directamente en industrias como la tecnología de la información, la ingeniería, la investigación científica, la educación superior y la atención médica, que concentran la mayor proporción de solicitudes de empleo temporal de alta cualificación.

La evolución de esta propuesta regulatoria mantendrá la atención de los mercados laborales y del tejido empresarial en Estados Unidos durante los próximos meses. La conclusión del periodo de observaciones públicas y el posterior desenlace de los litigios judiciales interpuestos por organizaciones gremiales y corporativas determinarán si la nueva tarifa de 103.265 dólares entra en vigor de forma definitiva para los siguientes ciclos de asignación de visados.