La Cámara de Diputados de Argentina otorgó un respaldo crucial a la reforma laboral, uno de los pilares del programa económico del Gobierno. Con un tablero que marcó 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, el proyecto superó un escollo legislativo fundamental y ahora regresa al Senado para su votación definitiva, donde se decidirá el futuro de las relaciones laborales en el país.

El avance de la normativa, sin embargo, no fue gratuito. Para alcanzar el quórum y asegurar la victoria en la Cámara Baja, el Ejecutivo debió ceder en uno de los puntos más sensibles y criticados de la propuesta: el artículo 44. Esta cláusula, que se había convertido en el principal foco de resistencia para los sindicatos y la oposición, fue finalmente eliminada del texto antes de la votación.

El punto en cuestión buscaba modificar profundamente el régimen de licencias. La propuesta original pretendía reducir el salario de aquellos empleados que se encontraran enfermos por causas ajenas al trabajo, recortando la prestación del 100% actual a escalas del 75% o incluso el 50%, dependiendo del caso.

La eliminación de este ítem fue la llave que permitió destrabar la negociación con los bloques dialoguistas, quienes condicionaron su apoyo a la protección de los ingresos de los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad sanitaria.

La reforma busca modernizar un mercado laboral que arrastra décadas de estancamiento e informalidad. Los defensores del proyecto argumentan que, al reducir la litigiosidad y flexibilizar ciertos mecanismos de contratación, Argentina recuperará competitividad y atraerá inversiones extranjeras necesarias para estabilizar la macroeconomía.

El mercado observa ahora con atención la Cámara Alta. De confirmarse la sanción, Argentina iniciaría un experimento de desregulación laboral que podría redefinir el costo argentino y el flujo de capitales para la segunda mitad del año.