El gobierno de José Antonio Kast ha dado un timonel estructural a la política demográfica y laboral del país. Según el Servicio Nacional de Migraciones, el Ejecutivo ha decidido frenar en seco la regularización de 182.000 migrantes, un proceso que había sido diseñado y dejado prácticamente listo para su implementación por la administración saliente de Gabriel Boric.

Este decreto representaba una apuesta por la formalización. Sin embargo, la nueva directriz de La Moneda opta por la mano dura, priorizando la seguridad nacional y el control fronterizo sobre la integración económica inmediata. La decisión de no regularizar a estos 182.000 individuos plantea interrogantes sobre la productividad y la recaudación fiscal.

Un migrante regularizado contribuye al sistema de seguridad social, paga impuestos a la renta y consume dentro del sistema financiero formal. Al mantener a esta masa crítica en la irregularidad, el Estado chileno renuncia potencialmente a ingresos tributarios significativos y perpetúa un mercado laboral sumergido que presiona a la baja los salarios en sectores de baja cualificación.

La promesa de campaña de Kast de promover la expulsión de casi 337.000 migrantes irregulares conlleva un desafío logístico y financiero sin precedentes. Según cifras oficiales, el costo de ejecutar expulsiones masivas de tal magnitud podría presionar el presupuesto de la nación, requiriendo una reasignación de fondos desde carteras sociales o de infraestructura hacia el Ministerio del Interior.

La administración de Kast sostiene que el orden es el requisito previo para el crecimiento económico. No obstante, el mercado espera ver cómo se equilibrará la promesa de expulsión masiva con la necesidad de mantener el dinamismo de la fuerza de trabajo.

Chile se encuentra hoy en una encrucijada donde la ideología política y la realidad del mercado laboral deberán encontrar un punto de fricción o de acuerdo para evitar que la crisis migratoria se transforme en un lastre para el PIB nacional.